Estas reflexiones están dirigidas fundamentalmente a los compañeros que cuestionaron el operativo de desalojo registrado el 29 de octubre en la localidad de Guernica.
Hay que empezar por hacer algunas consideraciones, en el conurbano bonaerense viven casi tres millones de familias, de las cuales al menos 500.000 tienen algunos de estos problemas habitacionales: son inquilinos de bajos recursos, o viven en asentamientos precarios, o en viviendas con falta de espacio para los integrantes de esas familias (o sea que necesitan ampliación), o varias familias viven en la misma vivienda, etc. Si un gobierno provincial acepta pasivamente la toma de terrenos y deja que los ocupantes permanezcan en el lugar, se puede desatar una cadena interminable de tomas, que sería imposible de manejar; por lo tanto sería suicida políticamente tomar un actitud pasiva y condescendiente ante estos hechos, por mas razón que asista a las familias que los realizan.
Si nos remontamos a diciembre del 2010 y a la toma del Parque Indoamericano (gobernaba Cristina y Aníbal Fernández era Ministro del Interior) veremos que: el desalojo fue realizado por fuerzas federales en conjunto con la entonces Policía Metropolitana, y en los días que duró esta situación hubo al menos 50 tomas en varias localidades que tuvieron que ser desactivadas por el Estado. Es decir lo que pasó en Guernica ya había sucedido en otras oportunidades bajo gobiernos peronistas, y no vale entonces manifestar sorpresa e indignación ahora, como si los gobiernos de Néstor y Cristina nunca hubieran apelado a fuerzas policiales o de seguridad para resolver conflictos como tomas de tierras o cortes de vías de tránsito.
Por otra parte lo sucedido no puede denominarse como represión, ya que ejercer coerción sobre los ocupantes era imprescindible para lograr el objetivo del desalojo ordenada por la Justicia, habiéndose agotado todos los otros medios para no tener que llegar a la actuación policial.
Si pensamos que el Gobernador debía no cumplir con las órdenes del Poder Judicial y ponerse en rebeldía, estamos especulando con decisiones que sólo complicarían el panorama y que no son viables en este contexto de pandemia y de ataque furioso de las fuerzas opositoras.
También es evidente y sabido que estos episodios son aprovechados (y muchas veces provocados) por agrupaciones que no buscan precisamente negociar con la autoridad estatal si no limarla, desgastarla y desprestigiarla ya que resulta muy sospechoso que durante la gobernación de Vidal estos hechos no sucedieron o fueron muy menores, a pesar de la crisis de ocupación y aumento sideral de tarifas que sobrevino desde el 2016.
Por mi trabajo en áreas de precariedad habitacional, he presenciado algunas de estas tomas, fui testigo de cómo se organizan, de cómo actúan los líderes que las promueven (a veces, “vendiendo” las parcelas) y puedo afirmar que nunca son espontáneas; además vi cómo se desactivaban y también cómo, en algún caso, se lograba el objetivo de parcelar la tierra, pero en circunstancias mucho más favorables a las actuales.
No debemos caer en la crítica apresurada, hay que analizar todas las variables de una determinada situación antes de repudiar lo que, en este caso, era insoslayable (aunque sí se debería haber evitado el espectáculo de la destrucción de las casillas levantadas por los ocupantes, ya que la orden de desalojo no incluía “limpiar” el terreno, tarea que bien pueden realizar lo supuestos “propietarios”).
Los problemas de vivienda de nuestro país son antiguos y contienen muchas variables a tomar en cuenta, no hay soluciones rápidas ni mucho menos. Esto lo analizamos en nota aparte en este blog.
