Frente a la catarata de acontecimientos de
características discrecionales y abiertamente autoritarios, como detenciones
arbitrarias y violentas, encarcelamientos políticos, represión indiscriminada,
allanamientos compulsivos y sin fundamento legal, encubrimiento de la desaparición forzada de un
joven en el marco de una acción punitiva de fuerzas federales y asesinato de
otro joven desarmado en un desalojo violento; frente a los evidentes abusos del Poder Judicial contra integrantes
de gobiernos anteriores elegidos democráticamente, encarcelándolos sin el
procedimiento adecuado al estilo de la Alemania nazi (Nacht und Nebel), y como
contracara, la falta de procedimiento en otras causas que involucran gravemente
al gobierno en funciones; frente a
la persecución y cercenamiento de las voces disidentes utilizando herramientas de
coerción, y a la voluntad manifiesta de las autoridades de impedir la libre
circulación de las ideas y de la información veraz, criminalizando o al menos
tratando de criminalizar a las diversas formas de interacción que permiten el
debate y la discusión en el ámbito público y como contrapartida el espurio
manejo de fondos destinados a publicidad oficial, beneficiando a los medios de
comunicación cómplices del poder político; frente
a la permisividad y muchas veces el aliento desembozado a actitudes violentas
de las fuerzas policiales y de seguridad que ejercen un claro amedrentamiento a
los integrantes de agrupaciones opositoras, a estudiantes, docentes, y
trabajadores en general; frente al
evidente despojo económico que sufre nuestro país, perjudicando gravemente al
erario público y a la salud de las finanzas nacionales, hechos que conllevan el
deterioro singular de los derechos económicos de las generaciones presentes y venideras
y beneficiando a un puñado de empresas y corporaciones que tienen operadores en
puestos clave del gobierno, frente a
todo eso y después de treinta y cuatro años de democracia duramente recuperada,
y habiendo pasado momentos de zozobra e incertidumbre donde se puso en juego
esa vigencia democrática, afirmamos, que hoy, 7 de diciembre de 2017, el ESTADO
DE DERECHO en la
República Argentina ha sido CANCELADO.
¿Quienes son responsables de esta situación? :
- El Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el Ing Mauricio
Macri
- La
Corte Suprema de Justicia, institución que debe velar
prioritariamente por la vigencia irrestricta de los plenos derechos de los
ciudadanos, pero que en cambio ha permitido con su acción y con su omisión gran
parte de estos flagrantes atropellos.
- Muchos senadores y diputados que, elegidos para representar
al pueblo, se someten a la “disciplina partidaria” o al “carpetazo certero” y
callan/adhieren/permiten esta situación inadmisible.
- Muchos gobernadores oficialistas y no oficialistas que, en
pos de equilibrar el manejo financiero de sus provincias, se solazan o se
doblegan (según el caso) ante las decisiones del gobierno nacional.
Ante esta gravísima situación convocamos al pueblo argentino
a hacer oír su voz en cuanta oportunidad se tenga, en la calle, en los barrios,
en la fábricas, en las aulas a fin de no dejarnos robar lo mas preciado que
tenemos que son los derechos que se recuperaron el 10 de diciembre de 1983.
Queremos y exigimos
poder manifestarnos, circular, opinar, discutir, obtener y difundir información
veraz, defender el patrimonio nacional y los derechos laborales y sociales
adquiridos, denunciar los abusos y atropellos; todo ello sin represalia ninguna
de parte de los poderes establecidos.
EL ESTADO DE DERECHO
DEBE SER REPUESTO SIN DEMORAS